Cambios en el mapa de georgia ante la presencia hispana
Como una paradoja, el crecimiento de la comunidad latina e inmigrante podría darle poder a quienes la atacan.
La comunidad latina en Georgia es una fuerza política que cambiará los mapas electorales del estado durante la redistribución de distritos, a pesar de la persecución que la aqueja por cuestiones migratorias y de que muchos no pueden votar.
Tras darse a conocer las cifras del Censo, Georgia ganó un escaño en la Cámara de Representantes federal y está ante la posibilidad de que se creen distritos estatales y locales en los que los hispanos serían mayoría, hecho sin precedentes en la historia del estado.
“El crecimiento de nuestra comunidad representó el 28 por ciento del aumento de la población en Georgia”, dijo Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Electos Latinos de Georgia (GALEO).
“Hay muchas áreas en Gwinnett, Chamblee-Doraville, Gainsville y Dalton en las que pudiera haber distritos latinos trazados a nivel local”, agregó González.
Las cifras del Censo sirven para distribuir escaños, desde el Congreso federal hasta las juntas escolares a través de todo el país.
En el ‘Estado del Durazno’, la última cuenta indica que la población hispana prácticamente se duplicó, pasando de 435,227 en el 2000 a 853,689 personas en 2010. Este aumento poblacional trajo consigo un incremento en el número de votantes registrados.
“Pasamos de apenas unos 10,000 personas registradas para votar a principios de la década a casi 150,000 empadronados”, dijo González, cuya organización realizó un reporte en 2009 para medir el poder del voto latino en el estado.
Se estima además que hay unos 88,000 latinos elegibles para votar que no se han registrado, indicó el director de GALEO.
A la merced de los votantes
El reto de los electores latinos es consolidarse como una fuerza que pueda influenciar un comicio, algo que a pesar de su crecimiento no pueden lograr por sí mismos, opinó Kerwin Swint, profesor de ciencias políticas en la Universidad Kennesaw State.
“Aún no hay los suficientes votantes en los distritos para que los hispanos puedan decidir una elección o representar una fuerza poderosa”, dijo. “Pero los votantes hispanos en combinación con votantes afroamericanos y asiáticos pueden ser una fuerza si se unen como minorías”.
Swint además indicó que, a pesar del crecimiento de la comunidad hispana, muchos de ellos no tienen la edad para votar o son indocumentados, lo que los priva de este derecho y los deja en una situación precaria.
“Esta falta de poder político deja a la comunidad latina en el mismo lugar en el que la deja en muchos otros estados: batallando para ser tomada en cuenta o para provocar una diferencia en políticas públicas, como la redistribución de escaños”, explicó.
A pesar de ser el grupo que más creció en el estado, el porcentaje de latinos que puede votar apenas sobrepasa el 22 por ciento.
Así esta comunidad queda muy por debajo de sus contrapartes blancos y afroamericanos, que promedian respectivamente 76 y 69 por ciento de personas elegibles para votar, según datos del Pew Hispanic Center.
La fuerza del voto latino se ve limitada porque un tercio de la comunidad son menores de 18 años y porque muchos de los adultos no son ciudadanos de este país.
Expertos también opinan que a los indocumentados les perjudica que se les incluya en la cuenta que se utiliza para redistribuir la representación política.
“Lo que hemos visto históricamente es que, cuando cuentas a todas las personas, se le da más poder a aquellos que votan para utilizar ese poder en contra de aquellos que no votan”, dijo el demógrafo y escritor Orlando Rodríguez.
En su libro Vote Thieves: Illegal Immigration, Redistricting and Presidential Elections, Rodríguez hace un análisis histórico sobre cómo al contar a poblaciones que no pueden votar se afecta la representatividad política que tienen los estados.
“Lo que tenemos es una oleada de crecimiento en el sur y el oeste, que crecen de manera más acelerada que el norte y el noreste”, indicó. “Esto solo sirve para darle mayor representación a un grupo cada vez más pequeño de gente”.
Es por eso hay quienes opinan que se debe hacer una enmienda constitucional para cambiar la manera en que se realiza la redistribución distrital debido a los problemas que provoca.
“Los resultados del Censo aumentan inconstitucionalmente el número de representantes para unos estados y priva a otros de su debida representación”, sostuvo John S. Baker, profesor emérito de la Universidad Louisiana State.
“Si se elimina a los ciudadanos extranjeros del conteo, estados como California o Florida perderían escaños”, dijo.
Pero González, de GALEO, opina que el conteo debe incluir a los inmigrantes porque así se asienta la presencia de los grupos que viven en una comunidad y merecen representación política para prevenir la aprobación de leyes que van contra sus intereses.
“A menos de que se considere a los inmigrantes como si no fueran personas, entonces no tiene ningún sentido no contarlos”, dijo. “Si tenemos legisladores, concejales, funcionarios que tomen en cuenta las preocupaciones y los intereses de la comunidad latina, no tendremos este tipo de leyes como las que hemos visto, como HB87 o los acuerdos de 287g”.
La mano que alimenta
Los republicanos controlan el proceso de redistribución distrital y, aunque reconocen el crecimiento de la comunidad hispana, aseguran que la redistribución no tiene nada que ver con la ley HB87 que su partido aprobó el 13 de abril pasado.
“La comunidad hispana va impactar muchísimo en este proceso”, dijo el legislador Roger Lane, presidente del comité de la Cámara de Representantes de Georgia para la redistribución distrital, quien pronosticó la creación de por lo menos un distrito latino al norte del área metropolitana de Atlanta.
“Nosotros vamos a trabajar para que no se diluya el poder político de ninguna minoría”, agregó.
Pero hay grupos que observan muy de cerca el proceso ante el secretismo con el que se maneja y la falta información pública al respecto.
“La legislatura y los comités no han hecho públicos los planes de reorganización política, así que no sabemos qué es lo que están considerando”, dijo Nancy Abudu, abogada del proyecto de derecho al voto de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Abudu añadió que los mapas que se presenten deben ser aprobados por el Departamento de Justicia y que esto se debe a la historia de segregación racial e intimidación electoral en estados como Georgia.
Ante esta posible amenaza, tanto Abudu como González coincidieron en que la comunidad debe involucrarse en este proceso por las implicaciones que tiene directamente en la vida de la gente.
“Es importante que acudan a las sesiones (de redistribución distrital) para que manifiesten sus preocupaciones y queden en el registro que analizará el Departamento de Justicia”, dijo Abudu.
