El alguacil Joe Arpaio.
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El paquete fue neutralizado
Las autoridades del estado de Arizona investigan un paquete con material explosivo dirigido al alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, conocido por su mano dura con la inmigración ilegal y la población carcelaria.
Las autoridades dijeron en conferencia de prensa que la amenaza ha sido sin precedentes, sin especificar la gravedad del peligro que corria el sheriff.
“El paquete enviado al sheriff Joe Arpaio podría haber explotado, causando lesiones graves, e incluso la muerte”, añadieron.
El paquete interceptado en Flagstaff iba dirigido a la oficina de Arpaio en Phoenix. Había sido dejado en un armario en una zona rural del condado de Coconino.
El portavoz del Servicio de Inspección Postal, Keith Moore, dijo que un mensajero lo trajo a la oficina principal de correos en Flagstaff, y las autoridades utilizaron un cañón de agua para neutralizar el paquete.
Arpaio dijo que el envío de un artefacto explosivo dirigido a él viene con su línea de trabajo. Citó los recientes asesinatos de un sheriff de West Virginia y dos fiscales de Texas.
“Esa es la naturaleza del negocio”, dijo. “Estoy recibiendo muchas amenazas. Esta no es la primera vez”.
Una de tantas amenazas
Arpaio, que se encuentra en su sexto mandato consecutivo, ha sido objeto de multitud de amenazas, en parte debido a su controvertido trato al personal carcelario, al que, por ejemplo, hacía vestir ropa interior rosa o dormir expuestos al calor del desierto de Arizona.
Además, se le acusa de actuar con prejuicios raciales y tener en su punto de mira a la inmigración latina.
Él mismo se hace llamar “el sheriff más duro” del país y bajo sus órdenes son frecuentes las redadas en negocios locales en busca de trabajadores “sin papeles”.
Este hombre, natural de Springfield (Massachusetts), lleva desde 1992 al frente de la Policía del condado de Maricopa, donde vive más de la mitad de la población de Arizona.
El alguacil, que resultó reelegido por sexta vez consecutiva el pasado noviembre, es el único de Arizona que hace aplicar la ley estatal “anticoyote”, que autoriza a detener y presentar cargos contra indocumentados que admitan haber pagado dinero para ser traídos de manera ilegal a EEUU.
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