La propuesta SB458, presentada por los republicanos Chip Rogers, Judson Hill y Barry Loudermilk, requeriría a todas las universidades públicas del estado a verificar el estatus migratorio de los estudiantes en una base de datos federal y negar el acceso a aquellos que no puedan demostrar que se encuentra legalmente en el país.

“Los legisladores siguen tratando de negar el acceso a educación superior (a inmigrantes indocumentados) y no les vamos a permitir eso. Vamos a seguir luchando y trabajando en contra de esta medida”, dijo a Efe Jerry González, director ejecutivo de Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).

El mes pasado, una propuesta de ley que pretendía negar el acceso de estudiantes indocumentados a las universidades públicas de Georgia fue suspendida temporalmente en la legislatura luego de una audiencia pública en la que detractores de la misma abarrotaron la sala para exponer su oposición.

La propuesta HB59 buscaba exigir a las 35 universidades públicas del estado a verificar el estatus migratorio de todos los estudiantes que quisieran matricularse.

Una restricción aprobada el año pasado año por la Junta de Regentes de Georgia da prioridad a residentes legales y ciudadanos que quieran estudiar en las cinco universidades públicas con cupo limitado.

Georgia College & State University, Medical College of Georgia, Georgia State University, Georgia Institute of Technology y University of Georgia son las universidades que deben acatar la restricción, las cuales tenían en total a 29 estudiantes indocumentados registrados el pasado año, según cifras de la Junta de Regentes de Georgia.

Previo a la entrada en vigencia de esta política, todas las universidades públicas de Georgia permitían la matrícula de inmigrantes indocumentados, aunque éstos no podían recibir ayuda federal o estatal y debían pagar la tarifa reservada para quienes no son residentes del estado.

La propuesta, cuyos impulsores aseguran busca evitar que inmigrantes indocumentados obtengan beneficios financiados con dinero de los contribuyentes, establece cambios en cuanto a los documentos de identificación aceptados como válidos para solicitar permisos de negocios, licencias profesionales y becas.

Asimismo, la medida busca flexibilizar en algunos casos los requisitos en cuanto a los documentos que deben presentarse para obtener servicios o beneficios estatales.

Activistas pro-inmigrantes califican los cambios como una “admisión” de los legisladores de que fueron demasiado lejos con la ley anti-inmigrante HB87 que entró en vigencia el año pasado.

“Estos cambios demuestran que los líderes del Senado de Georgia reconocen que hubo grandes problemas con la HB 87 y que quieren tratar de arreglarlos”, señaló González.

La HB87 entró en vigencia el pasado 1 de julio sin algunas de sus cláusulas más duras que autorizaban a la policía local a verificar el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados y la penalización de quienes transportaran o albergaran a inmigrantes sin papeles.

El sector empresarial ha expresado su descontento ante las restricciones existentes que limitan el tipo de documentos aceptados como válidos para recibir servicios y tramitar permisos en Georgia, que aseguran está frenando el desarrollo económico en el estado.

De ser aprobada, la iniciativa prohibiría el uso de pasaportes como documento de identificación para obtener beneficios en Georgia, a menos que estos sean acompañados por otros documentos reconocidos como válidos.

Aunque las autoridades estatales admitieron que no cuentan con los recursos necesarios para implementar el programa federal de verificación de estatus migratorio E-Verify, hay ciertas localidades en Georgia trabajando por su cuenta contra los obreros sin papeles.

En el condado de Gwinnett, por ejemplo, se realizan una serie de auditorías en compañías privadas que utilizan subcontratistas para ejecutar obras públicas.

Las autoridades locales anunciaron que continuarán haciéndolas para evitar que personas sin estatus legal en el país formen parte de los diversos proyectos que ejecutan anualmente.

También informaron de revisiones en entidades gubernamentales, pues en el pasado descubrieron gente sin documentos que realizaba labores de limpieza y hasta administrativas.

Estas medidas son parte del E-Verify, creado para verificar que los extranjeros que aspiran a cualquier puesto de trabajo cuenten con los respectivos permisos del Gobierno estadounidense.

Hasta 2010, el E-Verify era requerido solo para las agencias de la ley y era voluntario para las empresas privadas, pero a partir de este año se convirtió en obligatorio para todas las instituciones gubernamentales y las compañías grandes tras la promulgación de la nueva ley estatal HB87.

Al descubierto

Entre las empresas particulares que tuvieron problemas por utilizar mano de obra de indocumentados durante la ejecución de proyectos públicos está la que desmanteló los famosos tanques de agua en Gwinnett.

Según la División de Análisis de Rendimiento de Gwinnett, la compañía Tristar, con sede en Norcross, puso a inmigrantes sin papeles a realizar esa labor.

A consecuencia de ello, el gobierno canceló el contrato y tuvo que buscar a otra empresa para el proyecto, lo que elevó 10 mil dólares su costo, indicó el portavoz de esa entidad, Joe Sorenson.

Desde 2009, cuando las autoridades de Gwinnett comenzaron a implementar el E-Verify, se han llevado a cabo unas 17 auditorías y al menos 12 de las empresas auditadas fueron descubiertas con empleados sin estatus migratorio en regla.

La Oficina del Alguacil de Gwinnett también ha puesto su granito de arena. Recientemente, de acuerdo con el noticiero de CBS Atlanta, la agencia llevó a cabo una investigación contra la compañía H.S. Solutions Inc. tras considerar que tenía indocumentados en una obra del condado en la ciudad de Suwanee.

Al sheriff Butch Conway le preocupa que haya gente trabajando ilegalmente mientras que hay ciudadanos estadounidenses que están desempleados, según declaraciones del funcionario a MundoHispánico en una entrevista previa.

Peligro para la sociedad

El condado de Fulton es otro que también toma medidas contra los trabajadores indocumentados.

Durante este año, las autoridades de esa localidad revisaron un centenar de propuestas para concesiones comerciales en el Aeropuerto Internacional Harstfield-Jackson y descubrieron que al menos 34 no contaban con el programa E-Verify.

Eso representa un riesgo para la seguridad nacional porque un foráneo indocumentado podría tener acceso a áreas restringidas, según fuentes oficiales.

En el pasado se han descubierto a varios hispanos indocumentados con identidades falsas trabajando en labores de limpieza y hasta administrativas en bases militares y agencias de gobierno de varios condados, lo que constituye un delito.

Esto pudo haberse evitado si el E-Verify hubiese sido requerido antes, de acuerdo con los políticos estatales que diseñaron la ley HB87, aprobada en la Legislatura de este año.

Fue el senador republicano Jack Murphy quien incluyó el E-Verify como enmienda a la ley HB87 que creó su colega Matt Ramsey.

el E-Verify

» Es un programa federal que permite a un empleador verificar el estatus migratorio de una persona que aspira a un puesto laboral.

» A partir del 1 de enero de 2012, el E-Verify será obligatorio para todas las dependencias del gobierno en Georgia y las compañías locales privadas que tienen más de 500 trabajadores.

» Desde el 1 de julio de 2012 tendrán que adoptarlo las empresas con más de 100 empleados y a partir del 1 de julio de 2013, las que tengan más de 10.

» E-Verify también se emplea con contratistas y subcontratistas, pero solo se aplicará a los trabajadores que serán contratados a tiempo completo, o sea que trabajarán de 35 horas en adelante.

» Los empleados que ya estén laborando antes de esas fechas no se estarán sujetos a revisión de su estatus, a menos que el empleador lo considere necesario.

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Mario Guevara/MH

Plazas públicas de varias ciudades del país se convierten en campamentos de manifestantes cuyo objetivo pareciera ser permanecer ahí hasta que se cumplan sus demandas. Es el movimiento de los ‘Indignados’ que avanza en todo el país: desde Nueva York hasta Los Ángeles; desde Boston hasta Atlanta.

Sorprende que ocurra en Estados Unidos, en donde difícilmente hay manifestaciones como éstas: plantones improvisados en espacios públicos, de larga duración y sin previa autorización del gobierno.

También llama la atención su foco principal. A pesar de que sus críticos señalan que no hay una causa definida, lo cierto es que todos los que ahí convergen pelean, de forma pacífica y desde sus propias trincheras, por una justicia social alejada de la avaricia corporativista.

Así, lo que antes eran demostraciones en contra de un sistema político, ahora van también sobre uno económico. Como lo indica la publicación Der Spiegel: “En el pasado, criticar aquí al sistema capitalista se percibía como algo ‘anti-estadounidense’, pero los problemas sociales crónicos y las frustraciones profundamente arraigadas de la actualidad podrían estar cambiando esto”.

Y no es sorpresa que ocurra ahora. Los ‘occupiers’ u ‘ocupantes’ son el claro retrato de una sociedad sin liderazgo y atrapada en falsas promesas. Es la generación de la recesión, los embargos, la crisis ambiental y las disfuncionalidades políticas.

Y por esa amalgama de problemas, el movimiento es cada vez más well loved y diverso. Aquí hay ambientalistas, sindicalistas, estudiantes, desempleados, veteranos de guerra y agricultores, por dar ejemplos. Incluso el movimiento proinmigrante está abriéndose paso. En las protestas de Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo, se podían ver letreros en español a favor de los trabajadores indocumentados y de las minorías.

Algunos de estos grupos ya han creado pliegos petitorios, pero el camino que tomará su lucha está por verse.

Una vía, según ciertos analistas, es que se conviertan en una especie de ‘Tea Party’ de izquierda; es decir, una fuerza política y electoral pero de tendencia liberal.

Otro camino puede ser el de España, en donde los Indignados han tomado acciones más concretas, como boicotear productos, impedir el paso de las autoridades a viviendas allanadas o proteger a los trabajadores indocumentados de las redadas.

La ruta más difícil, y la más profunda, sería lograr una transformación en el sistema político y económico. Aunque quizá no ocurra de una forma tan radical como en la “Primavera Árabe” de Egipto y de Libia, este podría ser el primer paso a un diálogo constructivo que traiga mejores condiciones de vida para todos.

No se sabe todavía hasta dónde llegará este movimiento, pero lo cierto es que su sola presencia marca un parteaguas en la historia de este país, no solo por sus acciones y sus motivos. Será, sobre todo, por evidenciar la presencia de quienes, indignados con la trágica actualidad, buscan generar un cambio con dignidad.

En declaraciones a The Atlanta Journal-Constitution, Castro dijo que estas leyes estaban “mal orientadas”, además de predecir que afectarían de paso las economías estatales.

“Estas leyes tendrán ramificaciones que van más allá de los inmigrantes que quieren sacar del sistema económico”, dijo Castro, que habló a título personal. “Y esos trabajos no los van a tomar los ciudadanos de este país”.

Esta predicción no está lejos de lo que varios reportes han indicado en fechas recientes.

De acuerdo con un informe de la Asociación de Cultivadores de Georgia (ASG, por sus siglas en inglés), la economía de Georgia sufriría pérdidas de 391 millones de dólares y una disminución de 3,260 trabajadores debido a la implementación de la ley antiinmigrante HB87.

Ya este año los campesinos sintieron la falta de mano de obra y en los campos muchas cosechas se perdieron.

Castro indicó que hablará con la comisión en los próximos dos meses para que se estudie el impacto de este tipo de leyes.

La comisión que preside Castro aconseja al presidente de EE.UU. e investiga violaciones a los derechos civiles y electorales.

Castro visitó Atlanta para hablar en un almuerzo organizado por la Asociación de Funcionarios Electos Latinos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés).

Esta no es la primera vez que Castro, en su función como presidente del organismo, habla sobre migración.

En una entrevista radial, el hijo de inmigrantes mexicanos dijo que la actual lucha de la comunidad inmigrante es un asunto de derechos civiles.

Con información de Jeremy Redmon, de The Atlanta Journal-Constitution.

Los ‘indignados’ ya acampan en Atlanta. El movimiento nacional en contra de la avaricia corporativa ya reúne a cientos de personas en Atlanta, con esperanza de que se logre un cambio ante las crisis económica y política que enfrenta el país.

“Soy parte del movimiento porque me interesa que se le haga una auditoría a la Reserva Federal y que se investigue a las instituciones financieras”, dijo Jennifer Lilling, una estudiante de Georgia State University que participó el viernes pasado en una concentración de los llamados ‘Indignados’.

Bajo el lema de ‘Nosotros Somos el 99%’, en alusión a que el uno por ciento de la población controla más del 50 por ciento de la riqueza, este movimiento se inició hace un mes en Nueva York, pero sus réplicas ahora se esparcen por todo el país.

‘El 99 por ciento’

Todo comenzó con un grupo de personas acampando en las afueras de la Bolsa de Valores de Nueva York, con la consigna de “Ocupemos Wall Street”, en donde se ubican las principales empresas financieras.

Aunque al principio fue ignorado, poco a poco ha ganado fuerza y el apoyo de figuras públicas y organizaciones de todo tipo, desde sindicatos hasta activistas proinmigrantes.

El movimiento ‘Nosotros somos el 99%’ se ha levantado en contra de la desigualdad social y económica y a favor de que se redistribuya la riqueza de manera equitativa, entre otras cosas.

En la capital de Georgia, los Indignados han tomado el Parque Woodruff, el cual ahora denominaron Parque Troy Davis en memoria del hombre que fue ejecutado en este estado hace un par de semanas a pesar de las protestas internacionales y los cuestionamientos sobre su culpabilidad.

Ahí, la noche del viernes, cientos de personas se reunieron para celebrar la asamblea más grande que el movimiento en Atlanta ha tenido hasta la fecha.

“Yo nunca me involucraba en nada, pero estoy cansada de que la gente rica se siga enriqueciendo y que a nos sigan quitando lo poco que tenemos”, dijo Deidre Robinson, de Alpharetta, una de las asistentes.

Hubo otros que llegaron solo para darse cuenta que lo que se exponía en la asamblea no iba con su ideología.

“Mucho de lo que dicen me suena muy comunista, aunque hay varios puntos que suenan más libertarios, que es mi ideología”, dijo un hombre que solo se identificó como Rugh.

Para otros la asamblea del viernes tuvo un impacto esperanzador.

“La manera en que se maneja la educación en este país te hace pensar que las corporaciones y el gobierno quieren mantener a la gente ignorante. Pero este 99 por ciento no es ignorante y el establishment no está preparado para este movimiento”, opinó Andrés Sosa.

Entre los asistentes también hubo veteranos que dijeron estar cansados de la guerra y de las corporaciones que se benefician de los conflictos. “Yo me gané este uniforme al ir a pelear en Afganistán y vi que no vale la pena el ir a morir en esos países. A mí no me preocupa la gente que vende los helicópteros, sino la gente que se muere en ellos”, dijo John T. Row IV.

Le pidieron que esperara

Durante la asamblea general el viernes pasado, el congresista John Lewis, ícono del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, apareció por sorpresa y pidió la palabra, pero el grupo le pidió que esperara su turno.

Una parte del grupo sí quería que hablara y otra quería que esperara hasta que hubiera espacio en la agenda. Esta división de posturas motivó la decisión de seguir adelante con la reunión conforme lo planeado y que Lewis hablara cuando hubiera espacio para ello.

“El punto de esta asamblea es iniciar un proceso democrático en el que ningún ser humano es inherentemente más valioso que otro ser humano”, dijo Joe Díaz ante la asamblea luego de reconocer la labor del congresista en la lucha por los derechos civiles.

Al tener que asistir a otro evento, Lewis se fue sin decir mucho. “Este es su esfuerzo y tienen el derecho de tomar sus decisiones de una manera democrática”, dijo Lewis a MundoHispánico. “Lo único que vine a decir es que estoy con ellos y que los apoyo”.

¿Inmigrantes ‘indignados’?

El borrador de la Declaratoria de Occupy Atlanta inicia haciendo alusión al preámbulo de la Declaración de Independencia de EE.UU.

“Sostenemos como evidentes esta verdad: que el 99 por ciento merece los mismos derechos, las mismas protecciones, el mismo acceso y las mismas oportunidades que el 1 por ciento que se beneficia desproporcionalmente del sistema actual”, se lee en el borrador.

El documento parcial incluye 11 demandas que van desde el control en el gobierno hasta la denuncia de un sistema penal privado que lucra al encarcelar a las comunidades marginadas. Sin embargo, no se menciona una de las luchas más significativas de la actualidad: la de los 
inmigrantes.

“Estamos siendo parte del proceso para que se incluyan demandas especificas de la comunidad indocumentada”, indicó Gustavo Madrigal, de la Juventud Indocumentada de Georgia (GUYA) que estuvo presente en la asamblea del viernes.

Tim Franzen, de Americans Friends Service Committe, dijo que miembros de la comunidad inmigrante han jugado un papel importante en el proceso de Occupy Atlanta. “Estamos escuchando sus sugerencias porque nosotros no queremos estas leyes racistas en Georgia ni en el resto del país”, agregó Franzen, aclarando que el pliego de demandas está abierto.

Para que eso ocurra, se deberá ver una mayor participación de la comunidad latina, según opinaron algunos de los que asistieron a la asamblea.

“Si queremos integrarnos, debemos incorporarnos al proceso”, dijo Jahmila Torrejón.

¿Desalojados?

Se rumoraba que la policía desalojaría a los manifestantes del parque por violar la ley que prohíbe permanecer en los parques de la ciudad después de las 11 de la noche. Sin embargo esto no había ocurrido hasta el cierre de esta edición. Las asambleas generales se celebran todos los días a partir de las 6 p.m. Los organizadores además planean una protesta para este fin de semana.

Protesta de los Indignados

¿Cuándo? 11 a.m. este sábado

¿Dónde? Frente al Capitolio de Georgia, sobre la Avenida Washington en Atlanta. Estaciones de MARTA Five Points o Georgia State.

Más informes: contact@occupyatlanta.org o occupyatlanta.org

Poseer una placa y un arma no ha sido suficiente para evitar ser víctima de discriminación, asegura un policía.

Un policía hispano de la ciudad de Atlanta asegura que tiene razones de sobra para creer que ha sido discriminado por su raza en su lugar de trabajo.

José Vélez es un puertorriqueño retirado de la policía de Nueva York, donde trabajó más de tres décadas como detective.

En 2007 se mudó a Georgia y decidió probar suerte en algún cuerpo de policía local, pues quiso seguir sacándole provecho a su experiencia como investigador.

En julio de ese año fue contratado por la ciudad de Atlanta, que lo asignó como agente de la Code Enforcement, una unidad especial con atribuciones similares a la policía que vela especialmente por el cumplimiento de las ordenanzas estatales.

Vélez dijo que eso no era lo que él quería, pero que no tuvo problemas de empezar de cero otra vez y aceptó la posición, aunque tenía la esperanza de ascender pronto.

Documentos oficiales en poder de Vélez muestran las innumerables veces que aplicó para ser investigador, desde el año posterior que comenzó a laborar con el gobierno de Atlanta. Fueron 64 ocasiones en total.

Ninguna de sus solicitudes prosperó. Algunas quedaron estancadas en el punto de “bajo revisión”, mientras que en otras le notificaron que no “estaba calificado” para el puesto que solicitaba, según los expedientes.

Vélez declaró a MundoHispánico que, sin embargo, otros oficiales afroamericanos sí eran ascendidos a pesar de tener menos tiempo y experiencia que él.

El puertorriqueño también contó que solicitó un par de veces aumentos salariales y que tampoco fue escuchado. No obstante, hasta ese momento todo marchaba bien, según su testimonio.

Pero un día se quejó con su supervisor inmediato ante tanto rechazo y fue cuando comenzaron sus problemas, señaló Vélez.

Aseguró que su jefe comenzó a hacerle la vida imposible, hasta que un día lo insultó con frases racistas.

“Me dijo que era un hispanoparlante come…”, declaró el agente. De acuerdo con su versión, gracias a que esos insultos los dijo ante varios testigos, su superior fue destituido el mismo día.

La salida del comandante, en lugar de serle favorable, le perjudicó, reconoció Gina Pagnotta, presidenta de la Unión de Trabajadores de Atlanta y quien además es empleada de esa ciudad desde hace más de 12 años.

“Muchos la agarraron en contra de él y eso fue un obstáculo para que hasta el día de hoy no haya sido considerado para ningún ascenso”, indicó Pagnotta.

También blancos y judíos

Pero Pagnotta comentó que Velez no es el único que ha sido discriminado en Atlanta por su color de piel. Afirma que tienen indicios de que otros oficiales blancos y judíos que también están en la misma unidad han sido tratados de manera distinta.

Pero este año Pagnotta decidió no seguir permitiendo este tipo de discriminación étnica. El sindicato que preside está respaldando a Velez y a dos agentes blancos, cuyas identidades no fueron reveladas, en una demanda contra la ciudad.

El único que no teme dar su nombre por el momento es Vélez, pues está dispuesto a no volver más a su trabajo. Actualmente, el puertorriqueño no se presenta a trabajar, pero está recibiendo salario. Ya lleva varias semanas así desde que interpuso la querella.

“Ahí pasan una serie de abusos”, aseveró Vélez. “Solo los afroamericanos cuentan y nadie más”.

Vélez declaró que está dispuesto a dejar el puesto, pero antes quiere que se haga justicia y que en adelante no se discrimine a nadie más.

“No pueden seguirlo viendo así de mal a uno porque nos arriesgamos igual”, reprochó en tono molesto justo antes de contar que en el pasado resultó herido durante su labor al ser atacado por un grupo de delincuentes.

En la demanda contra la 
ciudad de Atlanta, interpuesta el 
16 de agosto pasado, se alega que, como producto de tanto “racismo” en su contra, Vélez está mal emocionalmente.

Aunque se hayan esforzado para obtener una licenciatura en su país, muchos inmigrantes hispanos tienen que empezar de cero al no poder ejercer su profesión en Estados Unidos.

“Soy ‘ilegal’, por eso no puedo ejercer como profesional”, aseguró la mexicana Martha Castrejón Ávalos, quien se graduó de contadora pública en la Universidad de Querétaro.

Martha trabajaba como gerente de auditoría en Deloitte, una de las mayores empresas de servicios profesionales en el mundo. Pero su familia había emigrado a Atlanta, por lo que Castrejón decidió mudarse con ellos hace 12 años.

No obstante, por no tener un número de Seguro Social, esta madre de dos niños ahora tiene que trabajar en limpieza.

“Este es un país ajeno. Lo que uno adopta o adquiere acá es oficio, pero uno siempre va a ser profesionista”, afirmó.

Además, uno de los problemas que enfrentan los profesionales es que aunque obtenga un título de licenciatura en su país de origen, estos típicamente no sirven por sí solos en Estados Unidos.

Para que su licenciatura sea válida en Estados Unidos tiene que ser certificada por una agencia independiente.

También debe ser reconocida por una universidad, un empleador o una junta estatal o territorial, además de que la persona debe contar con una visa 
de trabajo. En algunas profesiones, como medicina, derecho o contabilidad, se necesita una licencia especial.

Pero Castrejón acepta el 
sacrificio.

“Estoy trabajando honestamente y al menos tengo más tiempo para estar con mi familia”, agregó la mexicana.

Un problema en aumento

El número de inmigrantes sobrecalificados para su trabajo en EE.UU. ha aumentado considerablemente desde 1980 y ahora excede a las personas que no se graduaron de la secundaria, de acuerdo con un estudio de Brookings Institution Metropolitan Policy.

Esta organización sin fines de lucro especializada en políticas públicas empleó para este estudio información del Censo.

“En el 2010, el 30 por ciento de los trabajadores inmigrantes tenían por lo menos una licenciatura, el 28 por ciento no se habían graduado de la secundaria y el 42 por ciento adquirieron el diploma de la secundaria”, dijo Audrey Singer, la investigadora principal del estudio.

Las ciudades que tienen el mayor número de inmigrantes con licenciatura son costeras, como San Francisco y Washington, D.C., o industriales como St. Louis, Pittsburgh, Detroit y Cleveland.

En el caso de Georgia, el estudio indica que no hay mucha diferencia en el porcentaje de inmigrantes profesionales en contraste con los demás. De los 713,333 inmigrantes que se estima residen en Atlanta, Sandy Springs y Marietta, hay un 26 por cientos que no tienen el diploma de la secundaria, 42 por ciento sí lo tienen o tienen algún tipo de educación técnica y un 32 por ciento personas obtuvieron una licenciatura.

Y a pesar de que no pueden emplear sus estudios, los inmigrantes ayudan económicamente con el crecimiento del país, independientemente de su estatus, pero no reciben suficiente atención, según Singer.

Por ello, la especialista opinó que los inmigrantes profesionales aportarían más si se les reconociera, más aun a aquellos que son indocumentados.

El estudio fue realizado para que los legisladores y los funcionarios electos que deciden las leyes de inmigración se den cuenta lo importantes que son los emigrantes, de acuerdo con Singer.

Pero al igual que Castrejón, hay muchos que optan por renunciar a sus profesiones con tal de darle una mejor vida a sus familiares. Tal es el caso de María Ruiz.

“Yo sacrifiqué mi vida profesional para darle una mejor vida a mis hijos aquí en Estados Unidos”, dijo Ruiz, originaria de México y quien dice tener una licenciatura de Lenguas Modernas de la Universidad Autónoma de Puebla.

De acuerdo con Ruiz, ella dejó su profesión de maestra para venir temporalmente a Estados Unidos para practicar su inglés, pero aquí cambió su realidad.

“Quedé embarazada cuando vine y decidí quedarme”, dijo Ruiz, quien ya tiene 11 años 
en Rome, donde trabaja en una lavandería.

La madre soltera dice que está feliz con la decisión de quedarse en este país, pero el futuro de sus hijos está por verse. “Mis niños están chiquitos todavía, pero cuando crezcan y entren a la universidad entonces veré si mi sacrificio valió la pena”, dijo Ruiz.

Por su parte, Castrejón dice que es feliz con lo que tiene y lo que puede dar, aunque no esté trabajando en su profesión,

“No importa en lo que estés trabajando, lo que vayas a hacer lo tienes que hacer con gusto”, sostuvo.

Luis Contreras comenzó a trabajar apenas recibió su título de técnico en redes y sistemas computacionales en junio pasado. Pero la llave al mundo laboral no fueron sus estudios.

Durante los dos meses siguientes, este joven pasó largas jornadas bajo el sol reparando techos: el roofing en la industria de la construcción era una de las pocas opciones laborales que le quedaban. Debido a su estatus migratorio, no podía obtener uno de los trabajos que le habían ofrecido antes de recibirse.

“Me preguntaba para qué me había graduado de college (sic), para qué había hecho mi mamá tanto esfuerzo”, dijo este joven de 24 años a MundoHispánico.

Su situación pudo ser como la de un sinnúmero de muchachos indocumentados que, a pesar de obtener títulos universitarios, terminan realizando trabajos pobremente remunerados, carentes de prestaciones y prácticamente privados de cualquier derecho laboral, explicó Roberto González, sociólogo de la Universidad de Chicago.

“Este es el proceso de aprender a ser ‘ilegales’, de vivir en este mundo creado por nuestras leyes migratorias, por el que muchos jóvenes atraviesan ante las reducidas opciones que tienen”, dijo.

Esta desigualdad es producto de un sistema que por un lado hace legal que estos jóvenes estudien en las escuelas públicas del país pero que a la postre les niega el trabajo, el voto, viajar al extranjero, recibir ayuda financiera y conducir en muchos estados, explicó el sociólogo.

“Y además corren el riesgo latente de que los deporten en cualquier momento”, añadió.

El estudio

El estudio de González, titulado “Aprendiendo a ser ‘ilegal’”, es un trabajo en el que siguió a 150 estudiantes indocumentados de Los Ángeles durante cuatro años y medio, lapso en el que estos jóvenes confrontaron el hecho de no tener documentos, indicó el sociólogo.

“Estos jóvenes son muy distintos a sus compañeros, pero también muy distintos a sus padres”, explicó.

A diferencia de sus padres, que vienen a este país a sabiendas de que será una vida dura, estos jóvenes se crean otras expectativas al volverse parte del sistema educativo, detalló González.

“Se integran a esta gran institución estadounidense y ahí forman amistades con estadounidenses y acumulan experiencias de este país. Pero a los 15 o 16 años se dan cuenta de las limitaciones que acarrea su estatus”, dijo.

A esa edad justamente Contreras se dio cuenta de la diferencia que hacía el no tener un número de Seguro Social.

“Uno como que se acostumbra porque no puede sacar una licencia y no puede trabajar como los demás, pero nunca dejé que eso me deprimiera”, manifestó Contreras.

Pero a muchos otros esto los golpea duro.

González explicó que la gran mayoría de los estudiantes que enfrentan su estatus migratorio a esa edad suelen abandonar la escuela y adquieren responsabilidades serias, como contribuir a la economía familiar.

“Esto pasa mientras ellos ven que sus amigos avanzan en la sociedad y que ellos se quedan atascados en la adolescencia”, explicó.

A esto se suman todas las frustraciones de no poder ir a la universidad, no poder conducir, no poder aceptar alguna clase de prácticas profesionales y tener que inventar excusas para esconder su realidad, detalló.

Opciones limitadas

Ante un panorama que no ofrece demasiado, el ir a la universidad se vuelve en una oportunidad de prolongar la protección que ofrecen las escuelas y de paso aprender habilidades más sofisticadas, explicó el sociólogo.

“Además, el ir a la universidad es una de las pocas cosas legales que los adultos indocumentados pueden hacer”, dijo.

Pero al obtener sus títulos universitarios, o incluso de maestría o doctorado, estos jóvenes terminan laborando en trabajos muy similares a los que sus padres realizaban.

“Son una historia de talento desperdiciado, de sueños quebrantados por un sistema migratorio que está fuera de la realidad contemporánea”, dijo.

Imposibilitado de aceptar las ofertas de trabajo, Contreras abrió su propio negocio, donde piensa en un mejor futuro y se cuestiona por qué es casi imposible que los estudiantes indocumentados salgan adelante.

“Pareciera que nos quieren mantener trabajando en restaurantes de comida rápida, en labores físicas, en las cosas que ‘ellos’ no quieren hacer”, afirmó.

La Universidad de la Libertad

Para mejorar esos prospectos poco alentadores, un grupo de profesores de la Universidad de Georgia (UGA) comenzará a impartir un curso universitario gratuito para todos los estudiantes indocumentados en lo que han denominado la Universidad de la Libertad.

“Es un proyecto que un grupo de colegas armaron en respuesta a las leyes contra estudiantes indocumentados que fueron aprobadas en el sistema universitario de Georgia el año pasado”, explicó Lorgia García Peña, profesora de UGA y una de las fundadoras de este movimiento.

De acuerdo con una medida aprobada el año pasado por la Junta de Regentes del Sistema Universitario, las universidades de Georgia pueden prohibir la matrícula de estudiantes indocumentados que ocupen plazas de ciudadanos o residentes con igual o mejores calificaciones académicas.

“Estas leyes no son justas porque nosotros como educadores pensamos que la educación es un derecho para todos sin importar raza, color, estatus económico ni estatus legal”, dijo García Peña.

Aunque esta iniciativa aún no tiene validez oficial, la docente comentó que es un remedio inmediato que acompaña a la lucha para cambiar las leyes de Georgia que se oponen a la inmigración ilegal.

“Este curso no es una sustitución de la lucha real, que es que los estudiantes puedan ingresar a las universidades estatales”, dijo.

Será durante la primera semana de octubre que comience a impartirse la clase de American Civilization. En este momento se encuentran recibiendo solicitudes.

John Millsaps, portavoz de la Junta de Regentes, dijo que el organismo no tenía posición al respecto de esta iniciativa y que los profesores y empleados de la universidad son libres de realizar cualquier actividad en su tiempo libre siempre y cuando no interfiera con su trabajo.

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Opciones para estudiantes indocumentados

» El Fondo Mexico-Estadounidese de Educación y Protección Legal (MALDEF) ofrece becas de $5,000 a estudiantes indocumentados que acudan a una universidad. Se evaluarán los logros académicos y su involucramiento en el movimiento porque se apruebe el DREAM Act. La fecha límite de aplicación es el 15 de septiembre. Más información en www.maldef.org

» La ‘Universidad de la Libertad’ impartirá un gratuito cruso de octubre a abril. La fecha límite para inscribirse es el 15 de septiembre.

Se aceptará a todos los estudiantes indocumentados que hayan terminado High School o tengan el GED.

Las clases se impartirán un sábado al mes en Athens, Georgia.

En números

74,000

Número de posibles beneficiarios del DREAM Act en Georgia, de acuerdo con el Migration Policy Institute.

501

Jóvenes indocumentados que estudian en las cinco universidades más prestigiosas del estado en 2010.

0.08%

Porcentaje de estudiantes universitarios indocumentados en las universidades públicas más prestigiosas de Georgia.

Fuente: Migration Policy Institute y Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia.

Activistas en Atlanta se unen a campaña nacional contra Comunidades Seguras.

Comunidades Seguras fue objeto esta semana de protestas en varias ciudades del país, incluyendo la capital de Georgia, donde un grupo de manifestantes expresó su indignación por la ampliación de este polémico programa federal frente a la sede del Partido Demócrata.

“Obama, escucha, estamos en la lucha”, coreaban los activistas que acusan al presidente de deportar a más de un millón de indocumentados desde 2009.

Comunidades Seguras, un programa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que permite a las autoridades locales poner en deportación a los indocumentados que son arrestados, ahora es obligatorio y no requerirá, como hasta hace poco, la firma de un acuerdo con el Gobierno federal.

La movilización en Atlanta fue parte de una campaña masiva denominada Día Nacional de Acción, que consistió en la entrega simultánea de miles de peticiones en varias representaciones estatales del partido gubernamental.

Las organizaciones participantes pretenden presionar al presidente estadounidense Barack Obama para que cumpla su promesa de campaña de luchar por una reforma migratoria que saque de las sombras a los más de 12 millones de inmigrantes sin papeles que viven en el país.

Sin embargo, reconocieron estar conscientes de lo difícil de esa tarea, por lo que le exigieron muestras de su “buena intención” para con la comunidad latina terminando con el programa Comunidades Seguras.

“Presidente Obama, esto no puede continuar. Está deportando gente trabajadora y destruyendo familias”, manifestó la directora de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), Adelina Nicholls, durante una rueda de prensa.

A su lado estaba Teodoro Maus, presidente de dicha organización sin fines de lucro, quien demandó de Obama mayor responsabilidad en sus acciones y amenazó con tomar otro tipo de acciones como castigo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Tras responder los cuestionamientos de los medios, Maus y Nicholls procedieron a entregar un documento que contenía cientos de firmas pidiendo la suspensión de Comunidades Seguras.

Se los recibió Michael Berlon, presidente del Partido Demócrata de Georgia, quien aseguró a MundoHispánico que se encargaría de hacérselo llegar a Obama en los próximos días.

Lamentan expansión

Comunidades Seguras tiene más preocupada a la gente que el mismo 287(g) otro programa de ICE que concede facultades a los carceleros que antes eran exclusivas de un agente de inmigración.

“¿Por qué nos enfocamos más en Comunidades Seguras que en el 287(g)? Porque el 287(g) solo está en cuatro jurisdicciones de Georgia, mientras que el Comunidades Seguras es abierto para todas, así que genera mayores repercusiones para nuestra gente”, explicó Nicholls.

En el pasado cualquier condado o ciudad que quisiera aplicar el programa tenía que solicitárselo formalmente al ICE, y el proceso tomaba unos cuantos meses.

Ahora, eso ya no es necesario, más bien es obligatorio para todas las localidades, a pesar del rechazo de algunas , pues se supone que el programa es para hacer más seguros los vecindarios, aunque las mismas cifras de la agencia muestran que la mayoría de los que han sido deportado fue por cometer faltas menores, y no crímenes, que es para lo que fue diseñado.

“La policía no puede darle protección a una comunidad cuando se le asigna acusarla y deportarla”, dijo Maus por su parte.

“Todos estamos en contra de la inmigración ilegal, y por eso estamos aquí, pidiendo que se legalice a los indocumentados”, añadió el activista.

La mexicana Lourdes Varela fue una de las que prefirió dejar de ir a trabajar para acudir a la protesta contra Comunidades Seguras.

Esta madre de cuatro jóvenes estudiantes portaba una pancarta con la leyenda “1 Millón de Deportados”, refiriéndose a la cantidad de personas que ha sido expulsada de EE.UU. bajo el polémico programa.

“Lo único que uno quiere es vivir tranquilo. No le estamos haciendo daño a nadie, al contrario queremos contribuir con esta nación”, recalcó la mujer.

Además de Atlanta, se llevaron a cabo manifestaciones en Boston, Charlotte, Houston, Miami y Chicago.

Más de dos mil millas son las que separan a un padre de su esposa e hijas.

Michael Roberts es un estadounidense que se considera víctima del actual sistema migratorio de su país, al que culpa de hacerlo infeliz por haberlo separado de sus seres queridos.

Roberts conoció hace cinco años a Lucy, una joven mexicana indocumentada, de quien se enamoró. Tras ser correspondido, se casaron ese mismo año y unos meses después nació Michelle, quien fortaleció el amor entre la pareja.

“Teníamos diferencias. No era un matrimonio perfecto, pero sí éramos muy felices”, aseguró Roberts, quien está próximo a cumplir su segundo año separado de la mujer que le robó el corazón.

Lucy fue deportada en diciembre de 2009, tras haber sido arrestada por conducir sin licencia. En ese entonces estaba en su cuarto mes de embarazo.

Un policía de la ciudad de Forest Park la detuvo el 22 de noviembre. Supuestamente fue sorprendida cometiendo una infracción vial.

Roberts recuerda que habló por teléfono con el oficial y quiso convencerlo de que la dejara ir debido a su estado de gestación, por estar acompañada de su primogénita y porque no había cometido ningún delito grave. Sin embargo, no tuvo éxito.

Lucy fue detenida y recluida en la prisión del condado de Clayton, donde casualmente acababa de comenzar a implementarse el programa Comunidades Seguras, un acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las agencias locales de la ley que permite indagar el estatus legal de los reclusos.

Por carecer de documentos, Lucy fue puesta de inmediato en proceso de deportación y tres semanas más tarde ya estaba de regreso en su natal Mexicali, Baja California.

Pese a estar casada con un ciudadano estadounidense no pudo regularizar su situación migratoria porque la ley se lo impide por haber entrado al país ilegalmente y no con una visa.

Repercusiones

Según Roberts, el arresto de su esposa y su posterior expulsión de EE.UU. lo dañó tanto moral como económicamente.

“Fue el peor Día de Acción de Gracias y la peor Navidad que he pasado en toda mi vida. Nadie pudo llenar el vacío de mi familia”, declaró Roberts a MundoHispánico.

Él contó que aparte de sentirse completamente solo también la pasó mal en sus finanzas, pues gastó varios miles de dólares en el pago de abogado y multas.

Según Roberts, cuando Lucy regresó a México viajó hasta allá para presentarse juntos a la embajada estadounidense en Ciudad Juarez, en donde recibió malas noticias.

Le dijeron que su cónyuge tenía un castigo de 10 años sin poder entrar a Estados Unidos por su deportación y por haber acumulado más de un año de estadía ilegal en este país.

“No podía creerlo. ¿Cómo es posible que me hagan algo así?, me preguntaba. Soy ciudadano americano, me están violando mis derechos al no dejarme ser feliz”, aseveró.

Ante esa adversidad, Roberts tocó otras puertas. Dijo que le mandó varias cartas al presidente Barack Obama exponiendo su caso y que al no recibir respuesta llamó por teléfono insistentemente.

De acuerdo con su testimonio, finalmente logró hablar con alguien en la Casa Blanca, quien lo remitió a hablar con ICE.

Entonces fue a meterse a las oficinas de Inmigración en Atlanta, pero ahí tampoco obtuvo ayuda.

Mientras daba esas vueltas, nació Angelina, su segunda hija, y Roberts tuvo que viajar otra vez a Mexicali para conocerla.

“Mi segundo regalo de Dios llegó justo en el momento en que yo más sufría”, contó Roberts. “Me sentía muy alegre por su llegada, pero triste a la vez al saber que iba a dejarlas”.

“Castigo por amar”

A su regreso a Atlanta, Roberts asegura que perdió más de 25 libras debido a la pérdida de apetito y a las incontables noches sin dormir que pasó al no encontrar una salida a su problema.

Roberts explicó que su situación económica empeoró con sus viajes a México, pues ahora tenía doble gasto: sostener a sus seres queridos allá y cubrir sus gastos acá.

“Ya no aguanto más, me siento frustrado y todo lo que hago es en vano”, lamentó.

“La peor parte de esta tragedia me la estoy llevando yo porque me estoy perdiendo los mejores momentos de mis niñas y ellas también porque quedan destrozadas cada vez que las dejo”, agregó.

El estadounidense afirmó que ha considerado muchas veces mudarse a México, pero que la peligrosidad y el desempleo que sabe hay allá lo detienen. “Soy un hombre de fe, pero no quiero poner en ningún riesgo a mi familia”, comentó. “Prefiero sufrir a solas mi castigo por amar a una indocumentada”.