ATLANTA, Georgia – Varios representantes republicanos en el Senado estatal presentaron una propuesta que negaría el acceso a jóvenes indocumentados a todas las universidades públicas de Georgia.
La propuesta SB458, presentada por los republicanos Chip Rogers, Judson Hill y Barry Loudermilk, requeriría a todas las universidades públicas del estado a verificar el estatus migratorio de los estudiantes en una base de datos federal y negar el acceso a aquellos que no puedan demostrar que se encuentra legalmente en el país.
“Los legisladores siguen tratando de negar el acceso a educación superior (a inmigrantes indocumentados) y no les vamos a permitir eso. Vamos a seguir luchando y trabajando en contra de esta medida”, dijo a Efe Jerry González, director ejecutivo de Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).
El mes pasado, una propuesta de ley que pretendía negar el acceso de estudiantes indocumentados a las universidades públicas de Georgia fue suspendida temporalmente en la legislatura luego de una audiencia pública en la que detractores de la misma abarrotaron la sala para exponer su oposición.
La propuesta HB59 buscaba exigir a las 35 universidades públicas del estado a verificar el estatus migratorio de todos los estudiantes que quisieran matricularse.
Una restricción aprobada el año pasado año por la Junta de Regentes de Georgia da prioridad a residentes legales y ciudadanos que quieran estudiar en las cinco universidades públicas con cupo limitado.
Georgia College & State University, Medical College of Georgia, Georgia State University, Georgia Institute of Technology y University of Georgia son las universidades que deben acatar la restricción, las cuales tenían en total a 29 estudiantes indocumentados registrados el pasado año, según cifras de la Junta de Regentes de Georgia.
Previo a la entrada en vigencia de esta política, todas las universidades públicas de Georgia permitían la matrícula de inmigrantes indocumentados, aunque éstos no podían recibir ayuda federal o estatal y debían pagar la tarifa reservada para quienes no son residentes del estado.
La propuesta, cuyos impulsores aseguran busca evitar que inmigrantes indocumentados obtengan beneficios financiados con dinero de los contribuyentes, establece cambios en cuanto a los documentos de identificación aceptados como válidos para solicitar permisos de negocios, licencias profesionales y becas.
Asimismo, la medida busca flexibilizar en algunos casos los requisitos en cuanto a los documentos que deben presentarse para obtener servicios o beneficios estatales.
Activistas pro-inmigrantes califican los cambios como una “admisión” de los legisladores de que fueron demasiado lejos con la ley anti-inmigrante HB87 que entró en vigencia el año pasado.
“Estos cambios demuestran que los líderes del Senado de Georgia reconocen que hubo grandes problemas con la HB 87 y que quieren tratar de arreglarlos”, señaló González.
La HB87 entró en vigencia el pasado 1 de julio sin algunas de sus cláusulas más duras que autorizaban a la policía local a verificar el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados y la penalización de quienes transportaran o albergaran a inmigrantes sin papeles.
El sector empresarial ha expresado su descontento ante las restricciones existentes que limitan el tipo de documentos aceptados como válidos para recibir servicios y tramitar permisos en Georgia, que aseguran está frenando el desarrollo económico en el estado.
De ser aprobada, la iniciativa prohibiría el uso de pasaportes como documento de identificación para obtener beneficios en Georgia, a menos que estos sean acompañados por otros documentos reconocidos como válidos.
