El estado pareciera ignorar las consecuencias que tuvo la ‘Ley Arizona’

Georgia pareciera no hacer caso de las lecciones que Arizona ha aprendido desde hace un año, cuando ahí se aprobó y firmó la ley antiinmigrante SB1070.

A unos días del aniversario de la ‘Ley Arizona’, la Legislatura de Georgia aprobó la HB87, proyecto similar que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

En ambos casos, sus autores alegan que los motivos son los de ayudar a la economía de sus estados al eliminar el costo que la presencia de los indocumentados tienen en sus arcas.

“En esta ley se tomó en cuenta el impacto que tienen los indocumentados en el bolsillo de los contribuyentes y de la economía”, dijo el gobernador de Georgia Nathan Deal.

Pero este argumento pierde validez al tomar en cuenta que al irse los inmigrantes, se van con ellos las contribuciones que hacen, de acuerdo con Angella Kelley, del Center for American Progress.

“Los inmigrantes pagan impuestos y, como cualquier otra persona, comienzan a ganar más dinero conforme pasa el tiempo. Son actores importantes de la economía”, afirmó.

Su organización ha publicado recientemente dos reportes en torno al impacto de la SB1070 en la economía de Arizona. El primero, que salió en noviembre de 2010, establece que el estado perdió $114 millones en apenas los primeros seis meses de haber aprobado la ley. “Eso es solo el impacto en conferencias que se cancelaron o dejaron de agendarse porque esto vio un declive y significó una grave pérdida”, dijo Kelley.

Lecciones del boicot

Cuando este año la Legislatura de Arizona presentó cinco medidas antiinmigrantes más, un grupo de 60 empresarios escribió una carta pidiéndole que se abstuviera de legislar en asuntos que pertenecen al ámbito federal, dadas las repercusiones que la SB1070 tuvo contra sus negocios.

“Debemos reconocer que cuando Arizona actúa de manera individual queriendo resolver los problemas de inmigración, ocurren consecuencias inesperadas”, dice la carta. “El año pasado se llamó a boicotear a los negocios del estado, generando un impacto adverso a nuestra economía que ya de por sí tenía problemas y que nos costaron trabajos”.

Los legisladores en Arizona hicieron caso de eso y en un día descartaron las cinco propuestas.

Esa lección hizo eco entre algunos comerciantes de Georgia. A principios de abril, 270 empresarios, en su mayoría agricultores y compañías de jardinería, enviaron una carta a los legisladores advirtiéndoles de las posibles consecuencias de la HB87.

Según la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), representantes de más de 40 negocios tenían previsto manifestarse a las afueras del Capitolio en contra de la HB87.

Pero en Arizona el boicot hizo más que afectar a las empresas. En los barrios de Phoenix el desempleo se sumó al hostigamiento del sheriff Joe Arpaio y sus continuas redadas.

“El boicot fue una decisión muy dura de tomar porque nuestra gente iba a ser la más afectada”, dijo Carlos García, organizador de Puente, agrupación que ha liderado la resistencia en contra de las medidas antiinmigrantes en Arizona.

“Este año de lucha fue increíble. Muchas de las compañías que fueron blanco de nuestro boicot estuvieron de nuestro lado y ahora logramos que se pararan las demás leyes que se venían en la legislatura”, dijo.

Georgia en la mira

García dijo estar en comunicación con organizaciones de Georgia ante situaciones que le parecen muy similares.

“Hemos visto las manifestaciones allá. Sabemos que es un estado muy conservador y eso es un peligro”, dijo. “Por eso ahora es importante parar esta ola antiinmigrante en Georgia, si no va a pasarse a otros lugares”.

El trabajo entre organizaciones de ambos estados deja al descubierto la relación que hay entre ambas leyes, como indicó Teodoro Maus, presidente de GLAHR.

“Hay una liga indudable entre las leyes (SB)1070 y la (HB)87: la liga de la discriminación racial”, dijo.

Él, como otros opositores a estas leyes, considera que para los legisladores es más fácil convertir a los inmigrantes indocumentados en blanco de los problemas que atraviesa el país en lugar de buscar soluciones.

“En vez de enfocarse en crear trabajos, en mejorar la economía, empujan leyes que le van a costar a los contribuyentes y no van a crear ningún empleo”, dijo por su parte Grey Torrico, organizadora con Coalición de Inmigrantes de Florida.

Al igual que en Georgia, legisladores de aquel estado debaten actualmente la posibilidad de aprobar dos medidas antiinmigrantes muy similares a la SB1070.

El hecho de que varias legislaturas estatales contemplen medidas así no es coincidencia, de acuerdo con Jill Garvey, organizadora del Center for New Community en Chicago.

“Esto no es espontáneo. Estamos ante el trabajo directo o indirecto de aquellos que escribieron la legislación en Arizona”, dijo Garvey.

Esta organización se ha dedicado a investigar las raíces del movimiento antiinmigrante y atribuyen el auge de estas medidas a una red que conecta a activistas y cabilderos antiinmigrantes con legisladores a lo largo del país.

En un informe reciente de The New York Times, Matt Ramsey, autor de la HB87, reconoció utilizar la ayuda de NumbersUSA, una de las organizaciones antiinmigrantes incluidas en el reporte del Center for New Community.

Días contados

La ‘Ley Arizona’ se sigue copiando en Georgia y otros estados a un año de que se firmara. Sin embargo, estas iniciativas están destinadas a fracasar, advirtió Garvey.

“Estas propuestas son totalmente inconstitucionales y francamente solo le costarán mucho dinero a la gente”, dijo.

Tal el caso de la SB1070, de acuerdo con el Immigration Policy Center (IPC).

Según el IPC, Arizona registra un gasto a la fecha de más de un millón de dólares tan solo para defender la SB1070 en las cortes. Esta medida incluso sigue sin implementarse por completo debido al proceso judicial que enfrenta por su supuesto carácter inconstitucional.

Por la misma razón, el abogado Charles Kuck prepara en Georgia, junto con otros, una demanda contra la HB87. “Nuestra demanda emana del principio de que el gobierno federal es el único que tiene autoridad de aplicar las leyes de migración”, dijo.

Kuck planea tener lista la demanda antes de que la ley pudiese entrar en vigor el 1 de julio entrante.

Hasta que eso ocurra, organizaciones llaman a la comunidad a manifestarse este 1 de mayo frente al Capitolio.

“Será una celebración a los trabajadores inmigrantes y en contra de la HB87”, dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR.

Asimismo, la organización convocó a toda la población proinmigrante “a salir a las calles” si Deal firma la ley.

GLAHR planea una “asamblea general” frente al Capitolio para organizar la resistencia cuando el gobernador cumpla con su promesa de promulgarla.